En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el activista dijo que la privatización del agua atenta contra la vida. “Violenta la manera de convivencia social y con la naturaleza. La gente entendió esto y salió a la calle y la privatización se consiguió pero con mucha represión y asesinatos. Sin embargo, aquello no impidió que el pueblo cochabambino se organizara y convirtiera el recurso como bien común cambiando la Ley”.
Para Olivera todas las naciones que aún operen bajo ese modelo tienen “enemigos comunes”: “Son trasnacionales que muchas veces con nombres muy disimulados, como Aguas Andinas o Aguas del Mar, son realmente consorcios únicos ligados a bancos. Obviamente, también están las instancias del aparato estatal con su poder judicial que criminaliza a los defensores del agua. Pero también otro factor enemigo es el conformismo de la población”.
El dirigente comentó que mucha de la institucionalidad estatal dicta leyes que atentan contra la soberanía y los intereses de los pueblos. Dijo que “si bien la legislación puede aportar de manera positiva a todas las demandas sociales, estas deben responder a las necesidades locales”. En esa línea, se refirió al proceso legislativo sobre el Código de Aguas en curso, que pretende cambiar el Código de Aguas impuesto por la dictadura de Pinochet.
“Si no hay una ley que pueda equilibrar la entrega del recurso, una norma sobre la tarificación del recurso, de expansión de redes pero todo esto con una participación social para mí la gestión seguiría siendo privada. El agua debe volver a manos públicas, a manos del Estado y la gente debe tener participación en lo que se defina para el destino de un recurso vital para la vida”, sostuvo.
Además agregó que: “Privatizar significa despojar, significa quitar, robar un bien común vital para la reproducción de la vida y permitir que esto siga así significa anteponer el dinero a la existencia misma y no solo del ser humano sino que de la propia naturaleza. Esa mercantilización está envenenando nuestras aguas, está matando los territorios. Nosotros tenemos la responsabilidad de revertir esa situación”.
El debate sobre las “aguas del minero”
La modificación de las llamadas “aguas del minero” se califica como uno de los puntos más complejos de la tramitación del Código de Aguas por las presiones y el lobby en que incurren las empresas cuando ven amenazados sus intereses.
La comisión especial sobre Recursos Hídricos del Senado retomó el debate sobre esta Reforma y votó algunos incisos clave que buscan terminar con los beneficios de los que gozan las mineras sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Discusión que se retomará a partir de esta semana.
Cabe recordar que actualmente las mineras no deben solicitar autorización a la Dirección General de Aguas (DGAC) cuando encuentran aguas al interior de sus concesiones. La Cámara de Diputados aprobó una indicación que eliminaba este beneficio. Sin embargo, cuando el proyecto pasó al Senado el Ejecutivo ingresó una nueva indicación para suprimir este punto.
La semana pasada los parlamentarios de la Nueva Mayoría presentaron una indicación que establece que estas empresas deberán informar el volumen que extraerían, justificar el uso del recurso, e informar debidamente a la DGA, que entregará su resolución en un plazo de no más de 90 días.
En el panorama actual, la única regulación que tendrían las mineras pasa por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) pero solo en términos de volumen. Es decir, si el derecho de aprovechamiento le permite extraer 100 mil litros pero según la RCA solo se aprobaron 70 mil litros, esto último debe ser acatado por la empresa.
El director general de Aguas, Carlos Estévez, precisó que es aquí donde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realiza observaciones al titular que debería presentar un plan de mitigación para aminorar impactos de extraer más agua del caudal hídrico, para generar “un balance ético”.
Por otro lado, la comisión aprobó que no se puedan realizar exploraciones en terrenos públicos o privados que correspondan a acuíferos que alimenten a humedales o que hayan sido declarados por el Ministerio de Medioambiente como sistemas amenazados.
Hay que mencionar que Chile es el único país del mundo que tiene casi la totalidad de las aguas en manos de empresas privadas de capitales extranjeros. Con esto, se ha favorecido a mineras, hidroeléctricas y forestales que cuentan con los derechos de aprovechamiento de aguas a perpetuidad, lo que suma cerca del 90 por ciento de los derechos totales otorgados. Mientras, que la normativa en discusión vendría a regular solo el 10 por ciento restante.
