De rechazo al injusto reclamo de la empresa multinacional Suez contra el Estado y el pueblo de Chile, en el marco de la
Crisis Sanitaria causada en la Ciudad
de Osorno
Considerando las pretensiones que tiene la empresa multinacional
Suez de llevar el conflicto que mantiene actualmente con el Estado de Chile ante
el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), en respuesta a la decisión tomada por el gobierno en agosto de 2019 de
abrir un proceso de suspensión de caducidad para finalizar el contrato de
concesión de su subsidiaria, la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos
S.A. (ESSAL),
Seriamente preocupados porque el grupo Suez, que
controla la sociedad Aguas Andinas S.A., el mayor accionista de ESSAL, está pidiendo
la inmediata cesación del procedimiento iniciado por el Estado chileno, a pesar
de que dicho procedimiento tiene lugar por motivo del desastre sanitario
causado por esta empresa en la ciudad de Osorno en julio de 2019,
·
cuando
debido a las condiciones precarizadas de operación de sus sistemas y de trabajo
de su personal se produjo un derrame de petróleo en la planta de agua potable
de Caipulli, que contaminó al río Rahue y provocó un inmediato corte del
suministro que afectó a casi 150 mil personas, la mayor parte de la población
Tomando en cuenta que el desastre sanitario
motivó la apertura de una investigación y un proceso sancionatorio contra ESSAL
por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), cuyo proceso
constató una serie de incumplimientos atribuibles a la empresa, concernientes
a:
a)
suministro
de agua potable sin cumplir las normas de calidad;
b)
ejecución
de cortes no programados;
c)
afectación
de la mayor parte de la población de Osorno, puesta en riesgo y afectación de
su salud;
d)
incumplimiento
de procedimientos para atención de emergencias y obligaciones de abastecimiento
alternativo;
e)
entrega
de información manifiestamente errónea a las autoridades y a la población; e
f)
incumplimiento
de instrucciones de la SISS;
Informados acerca de la Consulta
Ciudadana voluntaria del 12 de enero de 2020 organizada por la
Municipalidad de Osorno, en la que el 90 por ciento de los más de 17 mil
participantes expresaron estar “estar de acuerdo con poner fin a la
concesión actual de ESSAL en la ciudad de Osorno”, que demuestra que será
muy difícil que la empresa privada recupere la confianza ciudadana;
Habida
cuenta de
las preocupaciones existentes entre las y los trabajadores de ESSAL sobre las
posibles repercusiones perjudiciales que podría tener una suspensión de
caducidad de la empresa para sus derechos y condiciones laborales;
Reconociendo que las y los trabajadores de ESSAL
siguen manteniendo en cumplimiento su compromiso en la provisión de un servicio
de calidad a la población, a pesar de las presiones a las que se encuentran
sometida/os;
Lamentando que el grupo Suez, mediante
procesos judiciales, busque desconocer “el protocolo de acuerdos de derechos
laborales firmado el 09 julio de 1999” como parte de las bases de licitación de
la empresa pública al sector privado, en cuanto a reconocer la antigüedad de
años laborados por las y los trabajadores en otras empresas precedentes a la
creación de ESSAL, lo que imposibilita un cálculo justo como indemnización por
años de servicio y un perjuicio en el monto de la jubilación, lo cual viola el
pacto firmado con la empresa para proteger y garantizar la totalidad de las retribuciones
de las y los trabajadores, entre los que se estipula que “todo trabajador
tendrá derecho a percibir una compensación adicional por todo el tiempo
trabajado en esa empresa y sus antecesoras y no cubiertos por la indemnización
contractual”, suscrito de manera tripartita en el año 1999 en pleno proceso
de privatización, y que, con excepción de ESSAL, otras empresas Sí respetan;
Sobre la
base de las anteriores consideraciones, las organizaciones firmantes de esta Declaración
manifestamos:
1.
Rechazar el injusto reclamo de la empresa
multinacional Suez con el que pretende llevar al Estado de Chile a un arbitraje
internacional del caso ante el CIADI;
2. Celebrar la iniciativa de Consulta Ciudadana
promovida por el Municipio de la Ciudad de Osorno, realizada en enero de 2020, y
su abrumador resultado en favor de poner fin a la concesión de ESSAL;
3. Enfatizar que, aunque los resultados
de esta consulta no tengan un carácter vinculante para el Estado de Chile, de
todas formas indican la existencia de a) un muy fuerte apoyo ciudadano a la
posibilidad de que los servicios esenciales de agua y saneamiento estén en
manos públicas y, consecuentemente, b) una muy importante ventana de oportunidades
para que se proceda a la reconsideración del futuro del sistema de
privatización de estos servicios en Chile;
4. Solicitar al Presidente Sebastián Piñera
que:
a.
mantenga
la aplicación
del proceso iniciado conducente a la finalización del contrato de ESSAL S.A., en
muestra de respeto a la voluntad expresada por la ciudad de Osorno
contra la continuidad de dicha concesión;
b.
tome
las medidas necesarias
para garantizar que el pacto tripartito suscrito en el año 1999 durante la
apertura de la privatización de las empresas de agua y saneamiento sea
respetado plenamente, en todos sus puntos, a fin de proteger los derechos de
las y los trabajadores, incluyendo su derecho a una jubilación digna;
5. Respaldar la voluntad del Senado y de
la Cámara de Diputados respecto a la caducidad de la concesión de ESSAL S.A.;
6. Sumarnos activamente a las campañas nacionales y/o
globales que se están implementando para frenar las pretensiones de la empresa multinacional
Suez contra la República de Chile por medio del proceso de arbitraje que
amenaza presentar en el CIADI, o de cualquier otro mecanismo de resolución de
controversias de inversión y comercio con los estados (IDSD) al que esta
empresa pudiera acogerse;
7. Reafirmar nuestro compromiso
y solidaridad
con los habitantes de la ciudad de Osorno, así como con las y los trabajadores
de ESSAL S.A.;
8. Exhortar al gobierno y al Congreso
Nacional de Chile a tomar el caso de Osorno como un llamado de atención
extremo y como una oportunidad que no debe ser desaprovechada para proceder
a una revisión profunda y transparente del actual modelo de privatización de
los derechos de agua y de los servicios de agua y saneamiento, debido a la
extrema desigualdad e injusticia social causadas por este sistema, lo cual ha
quedado expuesto con toda crudeza en el contexto de la actual pandemia de
COVID-19. Dicha revisión, así como las decisiones a tomarse, deben estar
sujetas al control democrático, con participación de las y los usuarios y
trabajadores y de la sociedad civil en general;
9. Apoyar los procesos e iniciativas orientados
a garantizar el retorno de la Política y la gestión del agua, especialmente de
los derechos de agua y de los servicios esenciales de agua y
saneamiento, a manos públicas en Chile.
10. Promover una amplia participación en
estos procesos de movimientos sociales y ciudadanos, sindicatos, actores
políticos y en general aquellos sectores que procuran la recuperación de la
democracia sustantiva en Chile, incluyendo la democracia del agua.
Esta declaración
se hará pública dentro y fuera de Chile y será difundida a través de diversos medios
de comunicación disponibles.
